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OPINIÓN

DESALOJO VIOLENTO DEL BARRIO PAPA FRANCISCO: el manual del cinismo político para violar derechos
Por: Jonatan Emanuel Baldiviezo

 

En la madrugada del día sábado comenzó el desalojo violento del barrio Papa Francisco. Por diferentes motivos políticos, tanto el macrismo como el kirchnerismo habían decidido no permitir que las 700 familias y 1.800 personas que vivían en una parte del predio aledaño a la Villa 20 (4 ha. de las 12) conquisten su derecho a una vivienda digna y vivan en la Ciudad luego de la ocupación. Ambos gobiernos nunca trataron la cuestión como un debate de derechos. Al contrario, desde el principio las familias fueron estigmatizadas como delincuentes y usurpadoras de lo público. Hasta finalizar en discursos xenófobos, culpando indebidamente a las familias del barrio de tres (3) homicidios, destacando y universalizando la presencia de narcos y mafias.

 

El kirchnerismo rechaza tener conocimiento de que la policía federal se encuentra ocupando otro sector de dicho predio (8 ha.) destinado a la urbanización de la Villa 20. A pesar de que delegados del barrio se reunieron con diputados kirchneristas solicitando el avance del proyecto, no ha avanzado en el Congreso con la aprobación del convenio N° 45 del año 2007, en el cual se dejaba en forma definitiva la posesión del predio ocupado a la Ciudad. Berni, quiere destinar el predio para entrenar perros mientras miles de familias continúan viviendo en condiciones de extrema precariedad. El macrismo, por su parte, durante años no cumplió con las leyes N° 1.770 -de urbanización de toda la Villa 20-, ni la N° 2.724 -de emergencia ambiental y sanitaria-. A fines del año 2013 quiso vender este predio en su totalidad (12 ha.) a privados pero el proyecto de ley fue rechazado. En el año 2011, al frente de predio ocupado, privatizó 45 ha del Parque de las Victorias para que sean explotadas como un campo de golf violando la Ordenanza N° 46229, que prohíbe al Poder Ejecutivo privatizar espacios verdes. Este permiso ni siquiera fue ratificado por decreto mientras que las ha quedaron a disposición de usurpadores VIP que no son desalojados, como tantos otros amigos del gobierno.

 

 El cerco mediático, proteccionista de ambos gobiernos, reprodujo el discurso de éstos y logró imponer en la opinión pública que la realidad de esas 700 familias se reduce a delincuencia, vagancia, especulación inmobiliaria y narcotráfico. Con esta foto cientos de gendarmes y agentes de la policía metropolitana avanzaron golpeando niños y mujeres no sólo con mandato judicial sino también con una "orden social". Desde las 7 am del sábado, topadoras avanzaron destruyendo cientos de casas. Los primeros a los que buscaron y detuvieron las fuerzas de seguridad fueron los referentes (delegados/as) de las familias. Los que no pudieron ser detenidos, fueron intimidados con un rumor de que había una orden de detención para callar el coraje que han sostenido en los últimos meses. A los periodistas sólo se les permitió estar a más de 100 metros de las instalaciones, aunque la jueza de la causa había ordenado filmar todo el operativo y grabar las órdenes de voz. Es decir, que no aparecerán los golpes dados a las familias y a los detenidos.

 

El defensor del pueblo, Alejandro Amor, fue el único veedor autorizado para estar presente durante el proceso de desalojo y garantizar que no se lesionen derechos humanos. Aceptó expresamente el cargo el 25 de marzo. Pero su ausencia fue notoria. Ninguna de las familias lo vio ni pudo contactarse con él y tuvo apagado su celular todo el día.  Muchas horas antes de que finalice el desalojo, la Defensoría del Pueblo, en su carácter de veedor, sacó un comunicado expresando que no se registraron incidentes durante el desalojo. Ojos que no quieren ver y violaciones de derechos que no existen. El defensor no quiso estar presente para negar los golpes a los niños, los diez detenidos y los policías sin identificación que no respetaron la orden de la Jueza López Iñiguez. Las familias tiradas en las calles bajo un fuerte sol sin alimentación ni provisión de agua.

 

Con el desalojo asegurado, aparecieron legisladores de la Ciudad y diputados nacionales de la Cámpora, sin propuestas ni ayuda para las familias. Quizás fueron para ver el trabajo exitoso del candidato que impulsan, el Sr. Sergio Berni. Candidato que no tuvo escrúpulos para usar la muerte de Melina López para su crecimiento político personal y dejar sin vivienda a miles de personas. Tal como lo hizo Mauricio Macri en el Indoamericano, Berni exacerbó el impulso xenófobo de la población, que no tuvo problemas de desoír las denuncias de liberación de la zona. O quizás fueron para comenzar la segunda fase del plan: tapar la violencia del desalojo indicando culpables ajenos y perdiendo la responsabilidad de la situación. La culpa la tuvo la justicia que ordenó el desalojo, el macrismo que no quiso desalojar, los legisladores que presentaron proyectos de urbanización y saneamiento del suelo, y el GCBA por no otorgar condiciones dignas de habitabilidad a las familias desalojadas.

 

Entre todos estos discursos, las familias vivían otra realidad. La gran mayoría no son especuladoras inmobiliarias, como la empresa IRSA amiga de ambos gobiernos. Son familias que por sus necesidades extremas soportaron vivir seis meses en las peores condiciones. No son familias con casas, casi la totalidad perdió la posibilidad de volver a las habitaciones que alquilaban. Son trabajadores, no una red mafiosa de narcotráfico, que sí suelen instalarse en los barrios precarios con connivencia de la policía y la ausencia absoluta del Estado. Como ejemplo de que la única verdad es la realidad, cientos de familias, contrariando el discurso de que tienen casas y se aprovechan de predios públicos, fueron llevadas a galpones y sus pertenencias a depósitos. Esta fue la única alternativa dada por el GCBA. 

 

Ahora con el predio desocupado, el macrismo está haciendo nuevamente uso de sus políticas de maquillaje. El domingo mandó a la Agencia de Protección Ambiental (APrA) a comenzar el saneamiento del suelo. El APrA hace unos meses contrató a GreenCross para que haga el estudio de contaminación del suelo. El informe dio como resultado que sólo 2 ha de las 12 estaban contaminadas a tal grado que impedían la construcción de viviendas y, en forma dogmática, afirmaba que para comenzar el saneamiento debía desalojarse a las familias. La mentira científica le costó caro al macrismo, que pagó más de un millón de pesos. Otros estudios de profesionales de la UBA sostuvieron que el saneamiento podía hacerse sin necesidad de desalojar a todas las familias y por partes.

 

¿Y la urbanización? Ahora no hay obstáculos para iniciar la urbanización del barrio. Este compromiso no fue sostenido por los funcionarios del macrismo o del kirchnerismo luego del desalojo. Adoptaron la costumbre de delegar a la justicia la decisión de políticas urbanas. Cuando el Gobierno no tiene intención de cumplir con los mandatos constitucionales, somete la política a la gestión judicial. Todo está en manos del juez de la causa. Jueces no de la constitución sino del temor a perder sus cargos bien rentados que con la política del "Des o Des" (la urbanización comienza con la desocupación o el desalojo) promovieron la lucha civil entre los habitantes de la villa 20 y el Barrio Papa Francisco. Todo hace prever que una década de espera para la urbanización para estos gobiernos no ha sido mucho. 

 

El lunes 24 de agosto se trató en la Legislatura porteña el proyecto de urbanización del Barrio Papa Francisco consensuado entre los delegados de las familias, arquitectos de la FADU y legisladores. Aún es útil su tratamiento por más que se haya efectivizado el desalojo porque en junio se hizo un censo en el predio, y los censados fueron reconocidos por funcionarios de alto rango de la Ciudad en acta con escribano público como los futuros adjudicatarios de un proceso urbanización del predio. También, porque un pequeño sector de la ocupación no fue desalojado, el que se encontraba justo detrás del predio ocupado por la policía federal.

 

Nuevamente, gobiernos que han violado los derechos de cientos de familias optan por la represión y criminalización en vez de deshacer sus conductas deshumanizantes y emprender la solución de un conflicto social. Al contrario del discurso de los medios y el gobierno la violencia estatal y las cientos de familias en situación de calle -sin indemnización ni compensación- no traerá seguridad a la Comuna 8 ni garantizará derechos, sino que sólo es usada con pretensiones electorales. 



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