La Retórica del Urbanismo de Mercado
Por María Eva Koutsovitis y Jonatan Baldiviezo.
El 2 de marzo de 2026, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, inauguró el período de sesiones ordinarias de la Legislatura porteña.
Su discurso inaugural constituyó un artefacto meticulosamente diseñado para la contención electoral, la supervivencia legislativa y la refundación identitaria, optando por un endurecimiento de la "marca PRO" y apelando a lo que, internamente, se define como el "macrismo de línea fundadora".
El Jefe de Gobierno transita su mandato en un escenario de extrema debilidad parlamentaria. Su bloque oficialista, Vamos por Más (conducido por Silvia Lospennato), cuenta con apenas 11 bancas. Se sitúa numéricamente por detrás del peronismo (Unión por la Patria) y de la incipiente fuerza de La Libertad Avanza (LLA), referenciada en la legisladora Pilar Ramírez.
Frente a la amenaza latente de absorción o vaciamiento por parte de las filas libertarias que hegemonizan el discurso nacional, Macri ha ejecutado un corrimiento ideológico deliberado hacia la derecha punitivista, una maniobra que los estrategas internos celebran como un "golpe de timón" o un "Jorgismo al estilo Bukele".
El andamiaje discursivo se estructuró en torno a una dicotomía fundacional: la superación de la "Ciudad del caos, el desorden y el vale todo" frente a la consolidación de una urbe regida por el orden, el respeto irrestricto a la propiedad privada y la austeridad fiscal. Jorge Macri delineó los ejes rectores de su administración bajo la tríada retórica: "orden, libertad y progreso". Sin embargo, las políticas anunciadas, así como las omisiones deliberadas, revelan una matriz de gobernanza profundamente anclada en el neoliberalismo urbano tardío.
El discurso de apertura se utilizó como legitimación pública y explícita de una política de "limpieza social y territorial". Mientras en el interior del recinto legislativo se celebraban hitos de carácter punitivo y se prometía la consolidación de una "Ciudad del Orden", diseñada a la medida para atraer capitales globales y corporaciones financieras, en las calles aledañas, cientos de referentes de asambleas y organizaciones se movilizaban para denunciar la emergencia alimentaria y habitacional, así como el hostigamiento sistemático perpetrado por el aparato estatal.
La narrativa oficial se articuló de manera metódica en torno a dicotomías conflictivas y excluyentes. En primer lugar, busca enfrentar a la clase media precarizada con los sectores populares, presentándolos como competidores en un juego de suma cero por los recursos del Estado.
En segundo lugar, prioriza el "embellecimiento" y la asepsia visual del espacio público por encima de la habitabilidad y del derecho a la supervivencia de sus ciudadanos más vulnerables.
En tercer lugar, institucionaliza un sistema de subsidios masivos para el desarrollo inmobiliario de lujo mientras ejecuta, en paralelo, el desfinanciamiento y el desmantelamiento de programas socioeducativos vitales.
Limpieza Social y la Criminalización de la Supervivencia
El eje neurálgico del discurso de Jorge Macri estuvo centrado en el disciplinamiento del espacio público mediante lógicas estrictamente punitivas. La declaración explícita de que "la ciudad del caos, del desorden y del vale todo se terminó" sirvió de preludio ideológico para anunciar una batería de medidas orientadas a criminalizar las estrategias de supervivencia en la vía pública.
En un pasaje destacado de su discurso, el Jefe de Gobierno intentó exhibir sensibilidad social al destacar el "gran esfuerzo" económico y logístico desplegado a diario por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, dirigido por el ministro Gabriel Mraida. Según las cifras oficiales proporcionadas en el recinto, la ciudad atiende a más de 16.000 personas en situación de vulnerabilidad extrema mediante una red operativa de 50 Centros de Inclusión Social (CIS).
No obstante el barniz estadístico, Macri anunció el impulso inmediato de proyectos de ley orientados a obligar a las personas en situación de calle a asistir y permanecer en estos paradores y Centros de Inclusión de manera forzada y coercitiva.
Esta iniciativa de "intervención directa" mediante la fuerza pública y la asistencia forzosa entra en una contradicción absolutamente insalvable con el espíritu y la letra de la Ley Nacional de Salud Mental (Ley N° 26.657), normativa pionera en América Latina. Dicho marco jurídico prohíbe tajantemente las internaciones coactivas o los encierros prolongados basados en motivos estrictamente sociales, como "peligrosidad", falta de vivienda o extrema pobreza.
En el fuero local porteño, el poder judicial ha sentenciado, en miles de oportunidades, que el sistema de paradores nocturnos y los propios CIS implementados por la administración macrista no logran garantizar parámetros mínimos de dignidad habitacional ni de privacidad para las familias e individuos. El intento de legalizar el encierro forzado de poblaciones vulnerables, escudado bajo el paternalista pretexto del cuidado psiquiátrico compulsivo o, secretamente, por la imperiosa necesidad gubernamental de realizar una "limpieza" visual y estética de las zonas comerciales y turísticas de la ciudad, remite directamente a la reinstauración de prácticas asilares e higienistas decimonónicas.
Jorge Macri elude cobardemente su responsabilidad primigenia y estructural. Falla en reconocer que la proliferación de gente durmiendo a la intemperie es el síntoma inequívoco de la ausencia de una red de contención social efectiva, del déficit crónico e intencional de vivienda pública social y del aumento sostenido de la indigencia, derivada de la brutal recesión y de la caída del salario real que afecta al país.
Otro de los momentos más reveladores y controvertidos de la apertura legislativa fue la celebración oficial del alcanzamiento de los 600 desalojos de propiedades durante la gestión en curso. Para sortear las protecciones legales de los ocupantes y eludir la intervención tutelar de la justicia civil, el Ejecutivo porteño recurre sistemáticamente a la figura administrativa del "riesgo de ruina" o del "riesgo de derrumbe". Este atajo burocrático permite a la administración pública, de forma fraudulenta, ejecutar desalojos de carácter intempestivo, empleando la fuerza pública sin aviso previo ni instancias formales de mediación comunitaria.
Mientras el Jefe de Gobierno enumeraba desde su estrado los logros en materia de seguridad, en la intersección de las calles Cochabamba y Jujuy, en el céntrico barrio de San Cristóbal, 35 familias fueron desalojadas por el supuesto "riesgo de derrumbe" de sus viviendas. En numerosos operativos de esta índole, las familias desalojadas resultan ser ocupantes legítimos, inquilinos estafados e incluso, en algunos casos documentados, poseedores de títulos de propiedad o de escrituras. Esto refuta con claridad la narrativa dominante de la "usurpación delictiva" y muestra que la ciudad vive un proceso planeado de gentrificación forzada, diseñado para liberar terreno urbano y reintroducirlo en el mercado inmobiliario formal.
La Coartada de la Clase Media
En diversas reuniones vecinales y apariciones mediáticas, el mensaje oficial repite una lógica perversa y falaz: el problema de acceso a la vivienda y el encarecimiento de los alquileres que sufren las familias de clase media trabajadora son consecuencia directa de los recursos estatales "despilfarrados" en la urbanización de los barrios populares y las villas.
Esta narrativa oficial busca construir deliberadamente un "juego de suma cero ficticio", enfrentando a dos sectores demográficos que, en rigor, son perjudicados por la misma matriz de especulación inmobiliaria y de financiarización del suelo urbano, rompiendo así cualquier posibilidad de articulación o solidaridad de clase.
Se pretende convencer a la clase media de que el Estado está siendo "austero" en el sur de la ciudad para proteger los intereses y los impuestos del vecino del centro y del norte. Sin embargo, la situación fiscal muestra que el dinero ahorrado al detener o frenar la integración sociourbana de los barrios no se destina a reducir los impuestos de la clase media. En cambio, se desvía sistemáticamente hacia subsidios a corporaciones inmobiliarias, exenciones a grandes desarrolladores y presupuestos de publicidad oficial abultados. En este modelo, la clase media no es el sujeto beneficiario real de la política pública, sino la "coartada necesaria" para blindar un modelo de ciudad excluyente y concentrador de riqueza.
A pesar de apelar constantemente a la defensa del bienestar de los sectores medios, la apertura de sesiones de 2026 brilló por una ausencia absoluta de anuncios, proyectos o políticas concretas orientados a aliviar el asfixiante y desregulado mercado de alquileres. La palabra "inquilinos" ni siquiera fue pronunciada en el recinto legislativo. Esto constituyó un silencio ensordecedor en una metrópolis donde el 42% de la población alquila su vivienda.
Tampoco hubo mención alguna a la emergencia habitacional, sanitaria y ambiental que, en su vida cotidiana, padecen más de medio millón de porteñas y porteños que habitan las villas de la ciudad. Las palabras "villa", "asentamiento" o "barrio popular" fueron erradicadas quirúrgicamente del vocabulario oficial durante el discurso, lo que confirma la voluntad política de invisibilizar la urgencia.
Ausencia de Justicia Ambiental
El silencio deliberado de Jorge Macri durante su discurso inaugural respecto a la agenda ecológica y al cambio climático no fue un mero olvido. En perfecta sintonía con un modelo de acumulación basado en el extractivismo en el ámbito urbano, la gestión del gobierno ha acelerado, a niveles sin precedentes, la entrega de los grandes bienes comunes de la ciudad —particularmente las codiciadas tierras costeras de cara al Río de la Plata y los espacios verdes de gran escala— al capital financiero concentrado.
Uno de los hitos más escandalosos del despojo contemporáneo de los bienes comunes es la reciente concesión del emblemático predio de Costa Salguero. El Ejecutivo porteño avanzó de manera decidida en la preadjudicación de la explotación comercial de este vasto espacio en la Costanera Norte a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada, de manera por demás sugestiva para la salud institucional, por los dos mayores conglomerados mediáticos de la República Argentina: el Grupo Clarín y el diario La Nación.
El implacable avance territorial del mercado también alcanza, de manera voraz, al relegado sur de la ciudad. El gigantesco Parque de la Ciudad, localizado en Villa Soldati y, desde su fundación, pensado como un gran pulmón verde, recreativo y de mixtura social para las comunas más económicamente marginadas, sufre hoy una fragmentación y un desguace sostenidos. La actual administración de Jorge Macri incorporó a su gestión la polémica venta de 8 hectáreas de este pulmón urbano a manos de capitales privados.
El Cinismo de la Gestión Educativa y Cultural
Durante su alocución en el recinto, Macri recurrió al habitual artilugio retórico de esgrimir la cultura y la educación como "prioridades" absolutas de su gestión a futuro, pero el inicio del conflictivo ciclo lectivo de 2026 estuvo marcado no por la inauguración de escuelas, sino por el cierre unilateral de programas, despidos masivos de trabajadores de la educación y el colapso consecuente de los equipos pedagógicos interdisciplinarios.
El caso más ilustrativo y más repudiado por la comunidad educativa es el cierre de facto y la reestructuración punitiva del programa socioeducativo "Maestro más Maestro" (M+M). Este programa estatal acumula un enorme prestigio y casi 30 años de una exitosa trayectoria institucional. Consistía en introducir y financiar la figura de la pareja pedagógica (dos docentes que trabajan simultáneamente en una misma aula). Estaba específicamente orientada al primer ciclo de la escuela primaria (primero, segundo y tercer grado), con énfasis en el área crítica de las prácticas del lenguaje y de la alfabetización inicial. Su objetivo fundacional era combatir, desde la raíz, el fracaso y la deserción escolar, acompañando a las trayectorias de estudiantes inmersos en contextos de extrema vulnerabilidad y marginación social.
A finales de febrero de 2026, a escasos días de iniciarse las clases, de manera sorpresiva y sin justificación pedagógica, el Ministerio de Educación porteño procedió a despedir sumariamente a maestras y maestros interinos de este vital programa. Tras la ola de despidos, apenas lograron sobrevivir alrededor de 220 docentes en funciones en toda la metrópolis (con solo una pequeña fracción, entre 100 y 130, habiendo logrado su titularización, mientras el resto permanece en una asfixiante situación de precariedad laboral e inestabilidad contractual).
Simultáneamente, el gobierno avanzó en el terreno cultural en la eliminación paulatina del programa "Orquestas y Coros para la Equidad" (que agrupaba iniciativas formidables como el "Coro en Voz Alta" y el "Coro Jóvenes EnCantan Buenos Aires"). Este dispositivo constituía una herramienta cultural de contención fundamental en el territorio. Permitía a miles de niñas, niños y jóvenes provenientes de las barriadas más postergadas del sur porteño acceder, muchas veces por primera vez, a la práctica musical colectiva. También permitía la apropiación de bienes culturales e instrumentos históricamente elitizados y reservados a los sectores más acomodados.
El asedio de desfinanciamiento al histórico circuito del teatro comunitario barrial, una red que acumula décadas de labor ininterrumpida articulando lazos de solidaridad, identidad y pertenencia territorial, completa este tétrico escenario de "cinismo" discursivo estatal.
La Gran Transferencia de Riqueza del Microcentro
El paradigma contemporáneo del Derecho a la Ciudad postula, como principio inalienable, que los recursos urbanos, el suelo y la capacidad regulatoria del Estado deben ser gestionados de manera democrática para maximizar el valor de uso y el bienestar colectivo de sus habitantes. El modelo de la "Ciudad del Orden" impulsado por la gestión actual opera en la dirección diametralmente opuesta, utilizando todos los instrumentos fiscales, normativos y financieros del Estado no para mitigar la desigualdad, sino para asegurar la rentabilidad del capital concentrado. El caso más paradigmático y gravoso de este "neoliberalismo urbano tardío" en 2026 es la instrumentación del Plan de Transformación del Microcentro (amparado por la Ley 6.508).
Presentado en el plano discursivo como un proyecto visionario para la revitalización de un área céntrica severamente degradada durante la post-pandemia, el plan promete transformar el polígono (circunscripto por las avenidas Santa Fe, Belgrano, del Libertador, Leandro N. Alem, Paseo Colón, Bernardo de Irigoyen y Carlos Pellegrini) en una vibrante zona "residencial, inteligente y sostenible".
La Ley 6.508 establece que las empresas que inviertan en la reconversión, refacción o transformación de edificios dentro del polígono delimitado recibirán beneficios impositivos extraordinarios y sin precedentes. Los desarrolladores están legalmente facultados para computar entre el 50% y el 70% del monto total de su inversión privada como pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Esto significa que el Estado porteño —es decir, la ciudadanía en su conjunto a través de sus impuestos no percibidos— asume directamente más de la mitad del riesgo y del costo de capital de inversiones de carácter estrictamente privado. Este andamiaje jurídico-contable no es una política de fomento, sino una "devolución de capital de inversión disfrazada de crédito fiscal", una anomalía en la que el Estado financia la ganancia corporativa sin obtener ninguna participación en los activos generados.
Los datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad indican que, al inicio de 2026, hay 17 megaproyectos aprobados y en marcha bajo este régimen de excepción. Estos desarrollos acumulan una inversión proyectada por parte del sector privado de USD 381.331.279. El costo para las finanzas de la ciudad es catastrófico. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires dejará de ingresar aproximadamente USD 230 millones en impuestos (a través del mecanismo de pago a cuenta de Ingresos Brutos) para subsidiar y permitir la viabilidad de estos proyectos corporativos.
Con la suma de USD 230 millones que el Estado deja de percibir, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) podría haber adquirido entre 5.000 y 6.000 inmuebles en el mercado.
El Estado porteño opta por desfinanciar sus propias arcas para apalancar la construcción de activos inmobiliarios premium que, por su tipología constructiva y su valorización de mercado, jamás podrán ser habitados por el salario medio y que, con altísima probabilidad, terminarán engrosando el opaco y desregulado mercado de plataformas de alquiler temporario turístico, agravando de esta manera la escasez de oferta y la crisis habitacional de los residentes permanentes. Se consolida así una maquinaria perfecta de exclusión, financiada, paradójicamente, con los recursos detraídos a los propios ciudadanos excluidos.
Hacia la Imperiosa Redefinición del Pacto Urbano
La sesión de apertura del año legislativo constituyó el acto cúlmine de la reafirmación dogmática de un modelo urbano que se enorgullece de ser elitista, administrativamente excluyente y ferozmente depredador del patrimonio público de todos los porteños.
La utopía excluyente que propugna la narrativa oficial de la "Ciudad del Orden" requiere indefectiblemente, para su materialización exitosa, de la alienación cultural, el disciplinamiento policial y el empobrecimiento económico sistemático de sus verdaderos creadores de valor urbano: los cientos de miles de inquilinos desprotegidos, la históricamente bastardeada clase media trabajadora, los docentes y empleados del Estado precarizados y los cientos de miles de habitantes marginados de los barrios populares del sur.
La resistencia comunitaria desplegada frente a las puertas blindadas de la Legislatura durante la sesión demuestra, una vez más en la historia urbana porteña, que el Derecho a la Ciudad y el acceso equitativo a un hábitat digno no constituyen jamás una concesión graciosa emanada de la mano invisible del mercado o de la voluntad burocrática de las administraciones neoliberales de turno. Constituyen, por el contrario, un territorio material y simbólico en disputa permanente. La supervivencia a largo plazo de los bienes comunes, de los espacios públicos, del ambiente y del pacto democrático dependerá inexorable y casi exclusivamente de la capacidad de organización, de articulación multisectorial y de resistencia popular de la sociedad civil frente al avance arrollador del urbanismo corporativo.